En su Resolución Internacional de 17 de marzo de 2006 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa denunció públicamente el "Balance de Crímenes" de la Dictadura franquista, señalando entre otras cosas:
"77. La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen, participó en la persecución de los vencidos; los sacerdotes denunciaban a sus parroquianos republicanos ante los tribunales del Estado. También jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso."
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